La Selectividad, actualmente llamada PAU en muchas comunidades autónomas, sigue siendo uno de los momentos más importantes en la vida académica de miles de jóvenes. Aunque oficialmente se presenta como una prueba común para ordenar el acceso a la universidad, en la práctica continúa despertando una pregunta difícil de evitar: ¿todos los estudiantes compiten realmente en igualdad de condiciones? La cuestión no es menor, porque de unos pocos decimales puede depender entrar o no en una carrera deseada, estudiar en una ciudad concreta o tener que cambiar por completo el proyecto personal y familiar.

El nuevo modelo de la PAU pretende avanzar hacia una evaluación más competencial, menos basada en la memorización y más orientada a comprobar si el alumnado sabe razonar, relacionar ideas y expresarse con claridad. También se han reforzado criterios comunes y se mantiene el peso tradicional de la calificación: un 60% procede del Bachillerato y un 40% de la prueba de acceso. Para poder acceder a la universidad, la nota final debe ser igual o superior a 5, aunque el verdadero problema no suele ser aprobar, sino alcanzar la nota de admisión que exige cada grado.

Sobre el papel, estos cambios parecen positivos. Una prueba que valore la comprensión, la madurez y la capacidad de argumentar puede ser más justa que un examen centrado solo en repetir contenidos. Sin embargo, la justicia educativa no depende únicamente del diseño de una prueba. También depende de las condiciones en las que cada estudiante llega a ella. No es lo mismo preparar la PAU en un centro con orientación constante, simulacros, profesorado estable y recursos de apoyo, que hacerlo en un contexto con menos acompañamiento, más dificultades familiares o necesidad de compatibilizar estudios con otras responsabilidades.

Además, la desigualdad territorial continúa siendo uno de los grandes debates. Aunque se busca una mayor armonización, la prueba sigue organizándose por comunidades autónomas, con diferencias en modelos, calendarios, criterios de corrección y niveles de dificultad percibidos. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas ha coordinado a más de 550 especialistas para avanzar hacia una mayor equidad en las pruebas de acceso a la universidad de 2026, pero ese esfuerzo demuestra precisamente que el problema existe y que todavía requiere ajustes.

A esto se suma el efecto de las notas de corte. En los grados más demandados, como Medicina, algunas ingenierías, dobles grados o titulaciones con pocas plazas, la competencia es tan alta que el acceso puede depender de una décima. La nota máxima puede llegar a 14 puntos si el estudiante se presenta a materias específicas, lo que convierte la PAU no solo en una prueba de acceso, sino en una carrera por optimizar cada punto. Esta presión genera una sensación muy extendida entre el alumnado: no basta con saber, hay que rendir perfectamente en el momento exacto.

La pregunta de fondo es si una prueba de pocos días puede reflejar de manera justa todo el esfuerzo de dos años de Bachillerato. Hay estudiantes brillantes que gestionan mal la ansiedad, jóvenes que llegan agotados tras meses de preparación intensiva y familias que viven este proceso con una angustia enorme. La Selectividad no solo mide conocimientos; también pone a prueba la resistencia emocional, la seguridad personal y, en muchos casos, la capacidad económica de cada familia para ofrecer academias, clases particulares o alternativas privadas si la nota no alcanza.

Por eso, hablar de una PAU más justa no puede limitarse a modificar los exámenes. Es necesario revisar también cómo se prepara al alumnado, qué orientación recibe, qué apoyos existen para quienes parten de situaciones más vulnerables y cómo se garantiza que los criterios de corrección sean realmente comparables en todo el territorio. Una prueba común debe ser algo más que una fecha en el calendario: debe ofrecer garantías reales de equidad.

La Selectividad puede seguir siendo un instrumento útil si se entiende como una puerta de acceso y no como una barrera que agranda diferencias. Para ello, necesita transparencia, coordinación entre comunidades, criterios claros y una mirada más humana hacia los estudiantes. La educación no debería convertir el futuro de un joven en una lucha contra unas décimas, sino en un camino donde el esfuerzo, el talento y las oportunidades estén mejor equilibrados.