Las pruebas PISA 2025 debían ofrecer una nueva fotografía del nivel educativo del alumnado de 15 años en Cataluña. Sin embargo, un grave problema en la selección de los participantes ha impedido que los resultados catalanes puedan compararse de manera fiable con los de anteriores ediciones y con los de otros territorios. El caso ha provocado una fuerte polémica educativa y política, porque no se trata de una pequeña desviación estadística, sino de la exclusión de casi una cuarta parte del alumnado inicialmente seleccionado.

La muestra catalana estaba formada por alrededor de 2.500 estudiantes pertenecientes a 51 centros educativos. No obstante, aproximadamente 590 alumnos quedaron fuera de la evaluación. Esto supone una tasa de exclusión cercana al 23,2 %, muy superior al límite aproximado del 5 % establecido en los criterios de PISA. Una diferencia tan elevada afecta a la representatividad de la muestra, porque los estudiantes que finalmente hicieron el examen pueden no reflejar adecuadamente la diversidad del sistema educativo catalán.

PISA permite excluir a determinados alumnos cuando existen circunstancias que les impiden realizar la prueba de forma adecuada. Entre ellas se encuentran algunas discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales, así como un conocimiento insuficiente de la lengua utilizada en el examen. El problema no está, por tanto, en que se aplicaran excepciones, sino en el elevado número de estudiantes que fueron incluidos dentro de esas categorías.

La mayoría de las exclusiones se atribuyó a dificultades cognitivas, emocionales o conductuales. También quedaron fuera alumnos con un dominio insuficiente de la lengua de la prueba y un pequeño grupo con discapacidades físicas. Estas cifras han despertado dudas, ya que no parecen corresponderse con la composición habitual del alumnado catalán. También han generado preocupación porque podrían transmitir una imagen equivocada de la presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales en los centros.

La Generalitat ha explicado que pudo existir una confusión entre los criterios utilizados en las evaluaciones educativas catalanas y los criterios específicos de PISA. Sin embargo, esta explicación no resuelve todas las preguntas. Los centros necesitaban recibir instrucciones claras, y las administraciones responsables debían revisar los datos antes de cerrar la muestra. Cuando un error parecido se repite en numerosos centros, resulta difícil atribuirlo únicamente a decisiones individuales de los equipos directivos.

Representantes de la dirección de los centros públicos han defendido que las escuelas siguieron las indicaciones recibidas y han señalado posibles fallos en los mecanismos de control. Durante la preparación de las pruebas también se estaba produciendo una reorganización de los organismos catalanes responsables de la evaluación educativa. Este cambio pudo generar problemas de coordinación, aunque la investigación debe determinar qué ocurrió exactamente y quién tenía la responsabilidad de comprobar las exclusiones.

Otro aspecto especialmente delicado es el momento en que se conoció el problema. El Ministerio de Educación recibió en abril de 2025 una comunicación sobre unas tasas de exclusión superiores a las permitidas y contactó con el organismo catalán responsable. No obstante, la dimensión completa de la incidencia no se hizo pública entonces. La Generalitat sostiene que no disponía todavía de información suficiente para valorar todas sus consecuencias, pero la demora ha aumentado las críticas sobre la transparencia con la que se gestionó el caso.

El error no significa que todo el informe PISA de España quede invalidado. Según la información conocida, la incidencia afecta especialmente a la posibilidad de presentar y comparar los datos propios de Cataluña. Los resultados del conjunto español pueden seguir siendo válidos porque la muestra nacional es mucho más amplia y el peso de los estudiantes catalanes excluidos es limitado. Aun así, Cataluña pierde una oportunidad importante para conocer su evolución educativa mediante una evaluación internacional común.

Tampoco puede afirmarse, con las pruebas disponibles, que haya existido una manipulación intencionada para mejorar la puntuación catalana. La palabra fraude supone atribuir una voluntad consciente de alterar los resultados, algo que todavía no ha sido demostrado. Por ahora, resulta más preciso hablar de una irregularidad grave, de un error técnico o de un fallo de supervisión. La investigación deberá aclarar si hubo negligencia, instrucciones equivocadas o una cadena de decisiones mal controladas.

El episodio obliga a reflexionar sobre la manera en que se organizan las evaluaciones externas. Una prueba internacional no consiste solamente en sentar al alumnado frente a un ordenador y formularle preguntas. Requiere seleccionar correctamente la muestra, formar a los responsables, aplicar criterios comunes y supervisar cada etapa. Cuando falla alguno de estos elementos, los datos dejan de servir para tomar decisiones educativas con seguridad.

También conviene recordar que PISA no explica por sí sola toda la realidad de una escuela. Sus resultados pueden ayudar a detectar tendencias en lectura, matemáticas y ciencias, pero no miden todos los aprendizajes ni reflejan completamente el trabajo del profesorado, la convivencia, la creatividad o el desarrollo personal del alumnado. Esto no reduce la gravedad del error catalán, pero ayuda a situarlo dentro de una visión más amplia de la evaluación educativa.

Lo sucedido exige explicaciones públicas, responsabilidades proporcionadas y medidas concretas para evitar que vuelva a ocurrir. Cataluña necesita sistemas de evaluación rigurosos, pero también transparentes y respetuosos con la diversidad del alumnado. Recuperar la confianza no dependerá únicamente de identificar al responsable del fallo, sino de demostrar que las instrucciones, los controles y la comunicación institucional serán mucho más claros en las próximas pruebas.